En Bolivia la burocracia en las instituciones del Estado tiene un
sólo fin, beneficiar a los burócratas. Cuando una verdadera
burocracia funciona, los trámites que los ciudadanos deben llevar a
cabo están destinados a garantizar procesos de calidad. En una
empresa, estos procesos fiscalizan las condiciones del producto y la
optimización del tiempo y los recursos. En el caso del Estado, los
procesos garantizan la calidad de vida. Por ejemplo, el requerimiento
de legalización de su título profesional es un trámite que lo
beneficia a usted como prestador de servicios, certificando sus
habilidades profesionales frente a los ciudadanos; y se beneficia la
ciudadanía, que se ve protegida por el Estado de embaucadores e
impostores que le podrían hacer un daño irreparable.
Lamentablemente nuestra burocracia es una estructura parasitaria que
vive a costa de nuestros bolsillos. Hay cientos de ejemplos para
demostralo pero nos referiremos a uno en particular: la “Inspección
Técnica Vehícular”. En países donde las cosas funcionan bien,
dicha inspección fiscaliza el buen funcionamiento de los vehículos,
su legalidad y vida útil. Si están viejos, si contaminan, si no
cumplen los requisitos de seguridad o si no cuentan con los trámites
que certifiquen su legítima propiedad; entonces el Estado interviene
sacándolos de circulación para precautelar la seguridad de todos
los ciudadanos.
En nuestro país es diferente. Si quiere hacer bien las cosas bien
debe presentar su motorizado en el punto de inspección en el tiempo
establecido, en perfecto estado de funcionamiento y con la
documentación en regla. Luego de un tiempo razonable de espera y
revisión recibirá su certificación. La otra opción es presentar
el vehículo aún sabiendo que no cumple con todo lo requerido para
aprobar la inspección. Por ejemplo, le falta la llanta de auxilio,
los cauchos están gastados, no tiene extintor, las luces no
funcionan bien, el guiñador esta roto, el freno de mano está de
adorno, el chasis ha sido devorado por la corrosión, etc. En esos
casos usted habla con el suboficial policial de turno y luego de un
amistoso acuerdo económico entre las partes usted finalmente
adquiere su roseta. Pero hay una modalidad aún mucho mejor. Usted NO
presenta el vehículo a ningún punto de inspección, contrata un
tramitador quien recoge su documentación, le saca una foto a usted y
su vehículo y por arte de magia una semana después recibe su roseta
en la puerta de su casa.
La informalidad y la ilegalidad no sólo reproducen una ya arraigada
cultura de la corrupción. Las formas irregulares para obtener una
roseta cancelan el eventual beneficio de una legítima verificación
técnica del parque automotor. Actualmente hay 1,5 millones de
vehículos, supongamos que la verificación alcanzó el 70%, entonces
la policía recaudó casi unos 30 millones de bolivianos. Quienes se
benefician de la trama también se llevan a sus cuentas personales
jugosos dividendos. Por la calidad y las condiciones de los
destartalados vehículos que transitan nuestras calles no son pocos
los que deben recurrir al soborno, más aún si es un motorizado de
servicio publico. Son una larga cadena de servidores públicos que
burlan el sistema para burlarse de todos nosotros. Lo más triste es
que la institución del orden se entregue a este oficio. Tal como
pasó con el SEGIP a la policía hay ponerla en las calles y sacarla
de los escritorios.