El presidente
guatemalteco Otto Pérez Molina se sumó a las tantas voces que creen
que es necesario dar un giro en la política contra las drogas. A
mediados del año pasado la Comisión Global para Política de Drogas
aseguró que la guerra contra las drogas ha fracasado y entiende que
la única salida posible al problema es la despenalización del
consumo. Entre los miembros de dicha comisión figuran entre otros:
Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria, Ernesto Zedillo, Kofi
Annan, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes.
Como es de suponer, los
representantes del gobierno de los Estados Unidos no han demorado en
expresar su rechazo ante la iniciativa. El comunicado de la embajada
norteamericana afirma: “Si las drogas ilegales fueran
descriminalizadas, mañana en Centroamérica, las organizaciones
criminales transnacionales y las pandillas continuarían
involucrándose en actividades ilícitas”. “La corrupción y los
homicidios en Centroamérica son exacerbados ciertamente por el
tránsito de drogas ilegales; al descriminalizarlas, el crimen en
Centroamérica podría bien incrementarse”.
A Bolivia este tema le
atañe por sobrados motivos. Imaginemos el escenario probable. Los
laboratorios en medio de la selva se trasladarían a modernos
edificios en nuestras capitales, donde se procese los narcóticos con
las más estrictas normas de calidad. Indudablemente los precios
bajarían porque hay una larguísima lista de personas a las que ya
no habría que pagar. Descontando a los cocaleros que recibirían
mucho menos dinero por la preciada materia prima, ya no sería
necesario recurrir a “mulas” que trasladen la mercancía por los
senderos subterráneos de este planeta. Una infinita cantidad de
personas que hoy estarían fuera de la cárcel o del cajón por
haberse tragado 50 condones llenos de cocaína. Bastaría con empacar
el producto en bonitos embaces, con sello de garantía y despacharlo
en un container al país de la fantasía; con sus millones de
consumidores comprando su dosis en la farmacia.
